Sucesos - 14/5/24 - 12:00 AM

Devuelven a mareros que entraron por Tocumen

En las últimas semanas las autoridades panameñas han informado de que a varios ciudadanos de países centroamericanos se les ha impedido el ingreso a Panamá por sus vínculos con pandillas como la Barrio 18 o la Mara Salvatrucha.

Por: EFE - Martes 14 de Mayo de 2024 12:00 AM

Dos ciudadanos hondureños que llegaron a Panamá por el principal aeropuerto del país fueron devueltos por tener entre sus antecedentes el haber formado parte de pandillas como la Mara Barrio 18, informó este lunes el Servicio Nacional de Migración (SNM) del país centroamericano.

Es el caso de un "extranjero nacido en Honduras y de 32 años de edad" a quien se le "impidió la entrada al país desde la Terminal 2, del Aeropuerto Internacional de Tocumen", y "fue devuelto a su país" debido a que "por 7 años fue miembro activo de la Organización Criminal Pandilla M18 o Mara Barrio 18", dijo la oficina de Migración.

Asimismo, "en otro caso, a un hombre de origen hondureño, con antecedentes penales por los delitos de pandillerismo y posesión ilegal de armas, se le impidió éste sábado la entrada a Panamá, cuando llegaba por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, procedente de Medellín, Colombia".

El aeropuerto internacional de Tocumen, conocido como el 'hub de las Américas', es un centro regional que conecta 87 destinos de 37 países del mundo, según los datos de su página web.

En las últimas semanas las autoridades panameñas han informado de que a varios ciudadanos de países centroamericanos se les ha impedido el ingreso a Panamá por sus vínculos con pandillas como la Barrio 18 o la Mara Salvatrucha.

La Mara Salvatrucha es considerada una de las más violentas por su vinculación con el narcotráfico, las extorsiones y los asesinatos. Tiene presencia en El Salvador y otros países.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, libra una guerra contra las pandillas, que llegaron a situar a El Salvador como el país más violento del mundo, en el marco de la cual han sido capturadas más de 78.000 personas bajo el amparo de un estado de excepción que se prolonga desde hace dos años y en medio de señalamientos de presuntas violaciones a los derechos humanos.