Nacional - 19/3/18 - 03:45 PM
Varela optimista sobre solución de conflicto que afecta gran proyecto minero
El contrato de Minera Panamá con el Estado panameño está vigente desde 1997, tiene una duración de 60 años y establece revisiones a sus cláusulas cada 20 años.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó su confianza en que pronto llegue a su fin un conflicto sindical que afecta a un proyecto minero de 6.400 millones de dólares, y pidió a las partes que el mismo "se reactive lo antes posible".
Se trata del proyecto Cobre Panamá, ubicado en el distrito de Donoso de la provincia caribeña de Colón, propiedad de la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense Firts Quantum, que registra un 77 por ciento de avance y está paralizado desde el pasado día 9, de acuerdo a fuentes sindicales y empresariales.
"Tenemos mucho optimismo de que se va a poder llegar a un acuerdo. Tres ministros de Estado trabajaron toda la noche. Hacemos un llamado a las partes, que están muy cerca de lograr un acuerdo, para que se le de paz al país, y que se reactive lo antes posible el trabajo de más de 10.000 panameños y extranjeros", dijo este lunes Varela.
El Ministerio del Trabajo informó que las negociaciones entre las partes se habían reanudado el domingo, y que en que las mismas participan el titular de ese despacho, Luis Ernesto Carles, y sus colegas de Comercio e Industria, Augusto Arosemena, y de Relaciones Exteriores y vicepresidenta del país, Isabel De Saint Malo.
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"Se ha conciliado ya un alto porcentaje (del acuerdo), pero tenemos que esperar a que ya se firme un acuerdo final, y hacemos un llamado tanto a la empresa como al sindicato a que lleguen a un acuerdo", añadió Varela en declaraciones a los periodistas en el marco de un acto oficial en la sede del Gobierno.
El centro del conflicto es una puja entre el sindicato de la mina, el STM, afiliado a Convergencia Sindical, y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el mayor del país, puesto que cada uno dice tener el mayor número de afiliados y, por lo tanto, el derecho legal de negociar con la empresa una nueva convención colectiva.
El ministro Carles dijo el viernes pasado que él sabe cual de los dos sindicatos tiene mayoría de afiliados, pero que actualmente hay una convención colectiva vigente, en manos del STM, y que la próxima solo se puede comenzar a negociar a partir del 16 de mayo.
La empresa Minera Panamá acusa al Suntracs de mantener "secuestrado, bajo amenazas, intimidación y violencia, el proyecto", que contempla la exportación de unas 320.000 toneladas métricas de cobre por año una vez entre en vigor, previsiblemente este 2018.
El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, dice que el STM es un "sindicato amarillo", es decir, creado y controlado por Minera Panamá, para negociar "un contrato amarillo en el que prácticamente roba todos los derechos a los trabajadores".
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Pero el secretario general de Convergencia Sindical, Miguel Edwards, ha negado la afirmación del Suntracs, y lo ha acusado de afectar al proyecto minero "por razones de hegemonía terrorista sindical".
La Cámara Minera pidió el sábado al Gobierno garantizar la seguridad de miles de trabajadores del proyecto en el que, afirmó, "no existe una huelga declarada por los trabajadores de esta empresa a causa de alguna reclamación sindical".
"La actual paralización de los trabajos (...) se debe a la necesidad de garantizar la seguridad de miles de trabajadores" ante las "tácticas intimidatorias, amenazas y coacción" de grupos de personas, "muchas ajenas" al proyecto, que se toman las instalaciones.
La Cámara señaló en específico a "miembros del Suntracs", una organización que, dijo, ha apelado a la violencia por el rechazo "de la abrumadora mayoría de los trabajadores" a afiliarse a ese sindicato.
El sector de la minería representa el 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Panamá, y la Cámara Minera ha dicho que superará el 9,5 por ciento cuando comience la explotación de cobre en Donoso.
El contrato de Minera Panamá con el Estado panameño está vigente desde 1997, tiene una duración de 60 años y establece revisiones a sus cláusulas cada 20 años.